Propuesta busca sancionar con cárcel el cobro no autorizado de pensiones a adultos mayores

Se presentó una propuesta legislativa orientada a castigar con penas de prisión a quienes utilicen, retengan o dispongan del dinero de las tarjetas bancarias de apoyos sociales sin la autorización expresa del titular. La medida está diseñada de forma directa para blindar la economía de dos de los grupos más vulnerables en la entrega de subsidios públicos: los adultos mayores y las personas con discapacidad.

En Puerto Vallarta y la zona metropolitana de la bahía, miles de adultos mayores y personas con discapacidad dependen de las pensiones gubernamentales para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y pago de servicios. En la vida cotidiana, ante problemas de movilidad o brechas digitales, es habitual que los beneficiarios entreguen su tarjeta o su NIP a familiares, vecinos o cuidadores para realizar los retiros. Sin embargo, esta práctica abre la puerta a abusos donde el dinero es retenido o gastado por terceros sin el consentimiento del dueño. Convertir esta conducta en un delito penal busca ofrecer herramientas jurídicas para denunciar y castigar a quienes se aprovechen de la vulnerabilidad de sus familiares o asistidos.

• La propuesta plantea que disponer del saldo de una tarjeta de pensión pública sin permiso del titular sea considerado un delito castigado con cárcel. • El objetivo principal de la medida es la protección patrimonial de adultos mayores y personas con discapacidad. • Información recabada de la cobertura de Vallarta Independiente el 27 de septiembre de 2026.

• Las notas legislativas disponibles hasta el momento no detallan los años específicos de prisión ni el monto de las multas que se aplicarían a los infractores. • No se precisa en este reporte inicial si la propuesta se encuentra en el ámbito del Congreso de Jalisco o si se trata de una reforma a nivel federal. • Se desconoce la agenda para su dictamen en comisiones y posterior votación.

La bancarización de las pensiones y apoyos sociales ha facilitado el depósito directo de los recursos, pero también ha puesto al descubierto un problema recurrente: el despojo violento o silencioso dentro del propio entorno familiar. Hasta ahora, cuando un familiar cobra la pensión de un adulto mayor y no se la entrega, el hecho suele quedar estancado en disputas familiares o en vacíos legales difíciles de perseguir por la vía civil o penal tradicional.

El proyecto deberá seguir el curso legislativo correspondiente, comenzando por su análisis en comisiones antes de ser votado en el pleno. De ser avalado, requerirá su publicación oficial para que los ministerios públicos puedan recibir denuncias formales por este tipo de abusos.