Hacienda renueva los formatos de reporte antilavado: lo que deben cumplir contadores, notarios y comercios en Puerto Vallarta

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de actualizaciones a los formatos de registro y notificación que utilizan los sectores obligados a reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las nuevas reglas ajustan la manera en que se compila y envía la información sobre “actividades vulnerables”, reforzando el escrutinio sobre quiénes son los beneficiarios finales del dinero o de las propiedades objeto de transacción.

Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas mantienen una dinámica económica profundamente vinculada a sectores que la Ley Antilavado cataloga como vulnerables. El desarrollo inmobiliario, la compraventa de propiedades, los servicios notariales, el arrendamiento de inmuebles de alto valor, las agencias de vehículos y la comercialización de arte u objetos de lujo operan cotidianamente bajo este esquema de supervisión. Para los despachos de contadores, notarías públicas, desarrolladores y comerciantes de la zona, la medida implica ajustar de inmediato sus procedimientos internos de cumplimiento. La exigencia de ubicar con claridad al “beneficiario controlador” impacta de forma directa las operaciones inmobiliarias frecuentes en la región, en particular aquellas que involucran fideicomisos, esquemas corporativos complejos o compradores extranjeros.

• Publicación oficial: La SHCP emitió las disposiciones a través del DOF para su entrada en vigor a nivel federal. • Enfoque en beneficiarios finales: La actualización prioriza los mecanismos para identificar a la persona física que en última instancia posee, se beneficia o ejerce el control de una empresa o bien. • Formatos unificados: Se renovaron las plantillas informáticas y los campos de reporte con los que los sujetos obligados deben cargar su información ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF. • Cobertura: Aplica a todos los giros comerciales y profesionales catalogados en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

• Las autoridades no detallaron en la publicación si otorgarán un plazo adicional de tolerancia o prórroga antes de aplicar sanciones por errores en los nuevos formatos. • No se han publicado cifras oficiales desagregadas por municipio que permitan medir cuántos sujetos obligados registrados existen actualmente en Puerto Vallarta.

Esta actualización responde al compromiso de México por alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En zonas turísticas y con un mercado inmobiliario activo como la costa de Jalisco y Nayarit, el uso de estructuras de inversión complejas ha llevado a las autoridades a incrementar los controles sobre la identidad real de los inversionistas y la procedencia de los fondos.

Los profesionistas y empresas que realizan actividades vulnerables en Puerto Vallarta deberán auditar sus sistemas de captura de datos y verificar que sus reportes mensuales cumplan con los nuevos campos requeridos. Se prevé que agrupaciones locales, como colegios de contadores y barras de abogados, organicen jornadas de actualización técnica para capacitar a sus agremiados sobre la correcta integración de expedientes bajo estos nuevos criterios.